Mucho
ruido y pocas nueces. La Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional señala
en su último informe de gestión que durante el período comprendido entre 2011 y
2014 ha cerrado 1.244 casos. Sin embargo, ¿cuántos incluyeron la declaratoria
de responsabilidad política de los investigados? Respuesta: solo 20. La cifra
equivale al 1,6% de los expedientes resueltos en este cuatrienio.
En
el primer año de esta legislatura finiquitaron 275 informes, pero en ninguno de
ellos propusieron aplicar sanciones. Durante este lapso la instancia
parlamentaria estuvo a cargo de Héctor Navarro, quien en enero de 2012 renunció
a la diputación para asumir el Ministerio de Energía Eléctrica por órdenes del
difunto presidente Hugo Chávez.
Tras
la salida de Navarro, Pedro Carreño (PSUV-Lara) tomó las riendas de la Comisión
de Contraloría. En el inicio de su nueva etapa en esta dependencia, que ya
había encabezado en 2006, Carreño firmó cuatro legajos que sugerían imponer
castigos por supuestos hechos de corrupción. Los señalados en 2012 fueron los
alcaldes de Guanarito (Portuguesa), Abel Fernando Villalba; Jacura (Falcón),
Cristóbal Onofre Jiménez; San Sebastián de los Reyes (Aragua), Carlos Miranda
Escobar; y Peñalver (Anzoátegui), Axel Rodríguez Ramírez.
En
2013, el número de casos con declaratoria de responsabilidad política ascendió
a siete. Allí destacaron los nombres de los ex gobernadores de los estados Zulia, Manuel
Rosales, y Monagas, José Gregorio Briceño, así como el mandatario de Lara,
Henri Falcón. Además, figuraban los alcaldes de Naguanagua (Carabobo),
Alejandro Feo La Cruz, y Pedernales (Delta Amacuro), Doris Del Valle Martínez,
la legisladora disidente María Mercedes Aranguren y el propio Axel Rodríguez
Ramírez, ya censurado en 2012.
El
balance más reciente dice que culminaron 2014 con nueve solicitudes de
sanciones. No obstante, el cuadro que presenta la relación de casos solo
detalla seis: el ex presidente de Minerven, Luis Herrera Mendoza, el ex
gobernador de Sucre, Ramón Martínez, el responsable de la sociedad mercantil
Promotora Montelinda, Elías Aboud, y los ex alcaldes de Maldonado (Táchira),
José Luis Marcano; Guásimos (Táchira), José Evaristo Chacón; y Heres (Bolívar),
Víctor Fuenmayor.
Limpiando gavetas
Para
ilustrar el ritmo de la Comisión de Contraloría de la AN, el diputado Abelardo
Díaz (Copei-Táchira) recordaba que en una reunión en la que discutían la
posibilidad de reprender a un ex alcalde, “un colega oficialista tomó la
palabra para informar que el funcionario ya había fallecido”. Demasiado tarde.
“La
Comisión de Contraloría ha querido presentar como un gran logro el cierre de un
número importante de expedientes que han perdido vigencia. Habría sido mucho
más efectivo darle celeridad a casos actuales”, apuntó Díaz.
Al
finalizar el primer periodo de sesiones de 2012, quien esto suscribe tomó al
azar 100 informes de los 438 que se sellaron en ese lapso y encontró lo
siguiente: de ese centenar, tres habían sido abiertos en 2011 y solo uno en
2012. La mayoría databa de 2006 (19) y 2008 (18), mientras que el resto se
repartía entre 1999 (3), 2000 (4), 2001 (8), 2002 (8), 2003 (11), 2004 (7),
2005 (2), 2007 (12), 2009 (3) y 2010 (1). Uno de los casos de 2000 había sido
introducido por el ex diputado Alejandro Armas, quien murió en 2004, y otro de
2001 involucraba al ex alcalde de Valencia, Francisco Cabrera, fenecido en
2010.
En
2014 se mantuvo la tendencia. Más si se toma en cuenta que uno de los
sancionados fue Ramón Martínez, quien abandonó la Gobernación de Sucre en 2008
y lleva, al menos, cinco años en el exilio. El año pasado, llegaron a dar por
terminadas averiguaciones que habían iniciado en 2002 como una referida a las
“presuntas irregularidades administrativas por la paralización y atraso de un
conjunto de obras macro por la Gobernación de Vargas”.
De
hecho, la misma Comisión de Contraloría de la AN que impulsa sanciones e
investigaciones contra Henri Falcón por su desempeño al frente de la
Gobernación de Lara, el año pasado por fin cerró un expediente que venía
arrastrando el mismo dirigente opositor desde 2001, cuando era chavista y
administraba la Alcaldía de Iribarren (Barquisimeto).
La
oposición ha declarado que en lugar de dedicarse a finiquitar casos viejos, la
instancia legislativa debió abordar temas como las toneladas de comida perdidas
en la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (Pdval), las
irregularidades en la extinta Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), y
las denuncias sobre el Fondo Chino, Venirauto y el Programa de Alimentación
Escolar, entre otros.
Díaz
planteó el miércoles 11 de febrero pasado a la Comisión de Contraloría
investigar los milmillonarios depósitos venezolanos en la filial del banco HSBC
en Suiza, que salieron a la luz pública en medio del escándalo denominado
SwissLeaks. El oficialismo, comandando por Carreño, se negó en redondo.
Sin ley
En
cuanto a la producción de leyes, el balance de esta dependencia de la AN es
igual a cero. El informe de gestión de 2011, firmado por Navarro, destacaba que
habían concluido “el informe del proyecto de ley para la segunda discusión de
la reforma parcial de la Ley contra la Corrupción”.
Un
año más tarde, la Comisión de Contraloría indicaba: “la reforma de la Ley contra
la Corrupción ya fue aprobada por la Asamblea Nacional en primera discusión, se
elaboró el informe para segunda discusión, el cual a solicitud del presidente
de la comisión, diputado Pedro Carreño, fue remitido para consulta a la
Procuraduría General de la República, estando a la espera de la opinión
jurídica al respecto”. Luego, no se supo más nada del texto, hasta que el
presidente Nicolás Maduro firmó en el marco de la Ley Habilitante la
modificación de ese instrumento legal en noviembre de 2014.
En
entrevista publicada por el sitio web Contrapunto, Navarro reivindicó la
importancia de aquel proyecto de reforma que “se aprobó en primera discusión y
después se engavetó”. Enfatizó que su propuesta combatía, en particular, los
conflictos de intereses y el nepotismo. “Es difícil encontrar un caso de
corrupción que no tenga el elemento del nepotismo (…) No hay socialismo posible
con nepotismo, porque allí hay corrupción”, acotó. Cuando Pedro Carreño envió
esta norma a la Procuraduría General de la República, la responsable de ese
despacho era Cilia Flores.
El
11 de mayo de 2011, se integró la comisión especial para redactar el proyecto
de Ley de Transparencia y Acceso a la Información, dirigida por el diputado
Carlos Ramos (UNT-Mérida). En 2013, Carreño también remitió este texto a la
Procuraduría General de la República y allá se quedó.
El
informe de gestión de 2014 apunta que “motivado a la Ley Habilitante otorgada
al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, para legislar en materia
contra la corrupción, las iniciativas legislativas que se estaban adelantando
fueron enviadas al Ejecutivo Nacional para su consideración, es así como se
remitieron los informes preliminares de los informes del proyecto de Ley
de Declaración Jurada de Patrimonio y de
Intereses y del proyecto de Ley para Facilitar e Incentivar la Denuncia de los Actos
de Corrupción y Proteger a sus Denunciantes y Testigos”. El Jefe de Estado no
incluyó esas iniciativas en sus decretos.
La
Comisión de Contraloría de la AN prometió que para el primer trimestre de 2015
presentará el proyecto de Ley de Control Político. Hasta la fecha, nadie conoce
el contenido de esta propuesta.
(Nota publicada en El Estímulo)
