Maduro, hambre y miseria: la peor década en la historia de Venezuela

El éxodo marcó esta década para Venezuela. Foto: Vincent Tremeau/Acnur

Una cifra resume el periodo comprendido entre 2010 y 2019 para Venezuela: 4,6 millones. De acuerdo con las últimas estimaciones de Naciones Unidas, ese es el número de venezolanos que ha huído del país en medio de la peor crisis política y económica jamás sufrida por la que fuera una de las naciones más ricas del planeta en el siglo pasado.

Estadística de carne y hueso que representa cerca de 16% de la población total y marca una década donde se han registrado picos históricos de hiperinflación, devaluación de la moneda, escasez de alimentos y medicinas, homicidios, colapso de los servicios públicos y destrucción del aparato productivo.

“Si se considera que Venezuela era la sociedad más sedentaria del continente desde el siglo XIX, estamos ante un testimonio aterrador. En especial si recordamos que no han ocurrido catástrofes naturales en el territorio, ni guerras civiles”, advierte el profesor Elías Pino Iturrieta, individuo de número de la Academia Nacional de la Historia.

El Instituto Brookings, centro de pensamiento radicado en Washington, indicó que el éxodo que sacude al país sudamericano solo es comparable con el enfrentado por Siria. “La crisis de refugiados venezolanos es una de las más grandes en la historia moderna, y si las tendencias actuales continúan, podría haber hasta 6,5 millones de venezolanos viviendo fuera del país para 2020 (según las estimaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados)”, recoge el informe publicado por los investigadores Dany Bahar y Meagan Dooley.

Pino Iturrieta subraya que “los que quieran levantar el telón de la diáspora, para comprenderla cabalmente, deben saber como ocurrió en el período el desmantelamiento de la República, es decir, una guerra triunfal del régimen chavista contra el entendimiento de la cohabitación que se había establecido en Venezuela durante la segunda mitad del siglo XX”.

Bomba atómica

Suele decirse que Venezuela entró tarde al siglo XX, tras la muerte del dictador Juan Vicente Gómez en 1935. Quizás hoy puede afirmarse que esta década comenzó oficialmente a las 4:25 de la tarde del martes 5 de marzo de 2013. Ese día se anunció la muerte del comandante Hugo Chávez, hecho que partió en dos la historia contemporánea de Venezuela.

La revolución chavista tomó el poder, gracias al voto popular, en febrero de 1999 y su fundador expiró cuando se disponía a asumir un tercer mandato en el palacio de Miraflores con miras a completar 20 años en el poder de forma ininterrumpida. 

En su último mensaje a la nación, Chávez nombró como sucesor a su vicepresidente Maduro, quien fue declarado ganador de las elecciones del 14 de abril de 2013 con una ventaja de apenas 223.599 votos (1,49%) sobre el opositor Henrique Capriles Radonski, quien denunció una serie de irregularidades en el proceso. Pese a las críticas y reclamos, el chavismo se aferró a la silla presidencial abriendo de par en par la caja de los truenos en este decenio.

Maduro, el hombre que hizo estallar la bomba. Foto: AP/Matías Delacroix

“Se puede decir que Chávez construyó la bomba de la catástrofe y Maduro la hizo explotar”, detalla el politólogo Luis Salamanca. “Chávez puso en práctica políticas propias de las primeras décadas del siglo XX, muy usadas por los gobiernos comunistas (expropiaciones, confiscaciones, controles de precios, en fin, una economía de comando) agregándole un clientelismo masivo y su proverbial militarismo, armando así la receta con la cual destruiría prácticamente todo lo que los venezolanos habíamos construido”, acota el analista.

Maduro se presenta como “el hijo de Chávez” y protector de su legado. Partiendo de esa premisa, Salamanca observa que lo ocurrido en esta década es la continuación y profundización de un modelo que persigue “la conquista del poder total en Venezuela”. “La primera década fue de conquista y control del poder por vía democrática, la segunda ha sido de utilización de ese poder para retenerlo por vía no democrática”, apunta el experto.

Golpe a golpe

El índice de la democracia del semanario inglés The Economist identificaba a Venezuela en 2010 como un régimen “híbrido” con una valoración de 5,18 sobre 10. Ocho años después, descendió al nivel de régimen autoritario con 3,16 puntos. La pésima evaluación no sorprende si se toma en cuenta que actualmente los principales partidos de la oposición están ilegalizados, con sus líderes inhabilitados, presos o en el exilio, y que entre 2013 y 2018 cerraron 115 medios de comunicación, según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa.

Maduro ha aplastado a sangre y fuego las protestas en su contra. En 2014, unas 43 personas murieron en el marco de manifestaciones que demandaban su salida del poder. Un año después, la oposición arrasó en las elecciones parlamentarias alcanzando los 2/3 de la Cámara, pero de inmediato el líder chavista utilizó el Tribunal Supremo de Justicia para neutralizar al Poder Legislativo. En 2017 sus detractores se echaron a las calles para defender al Parlamento y el régimen instaló una “plenipotenciaria” Asamblea Constituyente y volvió a responder con mano de hierro, dejando más de 120 fallecidos, miles de heridos y decenas de presos políticos.

La represión manchó de sangre las calles. Foto: AP/Fernando Llano

El golpe final lo propinó Maduro el 20 de mayo de 2018, declarándose ganador de unos comicios presidenciales que fueron boicoteados por la oposición y que han sido calificados de fraudulentos por Estados Unidos, las potencias europeas y la mayoría de la Organización de Estados Americanos (OEA). Pasando por encima de estos cuestionamientos, el gobernante sigue en el poder con el respaldo de una Fuerza Armada que se proclama “chavista” y “socialista”.

“Lo característico de los seis años de Maduro es la instauración definitiva de un sistema político dictatorial”, asevera Salamanca, quien ha acuñado el concepto de “dictadura evolutiva” para describir este fenómeno. “Es evolutiva porque se ha construido durante 20 años, no es como la dictadura que llega por golpe militar de la noche a la mañana, y aparece cuando la camarilla chavista está a punto de perder el poder democráticamente. Es una dictadura por socavamiento de la democracia y no por derrocamiento”, explica el politólogo.

En picada 

La hiperinflación en Venezuela entre enero y noviembre de este año llegó a 5.515,6%, según cálculos del Parlamento. Aunque parezca increíble este número podría considerarse “positivo” si se recuerda que el índice de precios al consumidor en todo 2018 se disparó hasta alcanzar la cifra récord de 1.698.844,2 %, de acuerdo con los cálculos del Poder Legislativo.

El tipo de cambio oficial amaneció el viernes 20 de diciembre en 47.167, 49 bolívares por dólar. “Por décadas y hasta el 18 de febrero de 1983, el dólar estuvo a 4,30 bolívares. Hoy pasó de 43.000. En el ínterin le quitaron 8 ceros a la moneda (las reconversiones de Chávez en 2008 y de Maduro en 2018). En total son 12 ceros. Es decir, que hoy se cumple el hito de haber aumentado el precio del dólar un millón de millones de veces”, escribió el 4 de diciembre en su cuenta Twitter el economista Ricardo Hausmann, profesor de la Universidad de Harvard.

La patronal Fedecámaras informó en julio que desde 1998 el sector privado de la economía se ha reducido en 60%. “En Venezuela en 1998 había 620.000 empresas, hoy apenas quedan abiertas unas 250.000”, comentó el presidente del gremio, Ricardo Cusanno. Peor ha sido el desplome de la producción petrolera, único motor de la economía venezolana, que en este mismo periodo cayó de 3,4 millones de barriles a unos 630 mil barriles por día, cortando drásticamente el flujo de caja del Estado.

La empresa privada se hundió al grito de "¡exprópiese!" Foto: La Verdad

Los constantes apagones - en marzo de este año prácticamente todo el territorio nacional se quedó a oscuras por seis días-, el racionamiento eléctrico y la escasez de combustible en el país con las mayores reservas de petróleo en el mundo, han paralizado el aparato productivo. 

El salario mínimo mensual equivale a 6 dólares, mientras el Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores estima que el costo de la canasta básica de alimentos que requiere una familia se ubica en 142 dólares al mes. “Esta última década ha sido una montaña rusa cuyo pico estuvo en 2013, pero a partir de ese momento comienza una caída propia de un país en guerra que provocó la pérdida de 2/3 del Producto Interno Bruto (PIB), con un ambiente de hiperinflación desde 2017 que complica aún más la situación para los venezolanos”, sostiene Henkel García, director de la firma Econométrica.

Con hambre

El sociólogo Luis Pedro España, experto en el estudio de la pobreza en Venezuela, opina que esta década está atravesada por una palabra: “desigualdad”. “Para poder sobrevivir, el gobierno de Maduro pasó de su socialismo del siglo XXI al capitalismo salvaje más primitivo, desmontando todas las políticas sociales y arrojando como saldo la profundización de la desigualdad”, describe el investigador de la Universidad Católica Andrés Bello.

Un informe redactado por los sociólogos España y María Gabriela Ponce precisa que “para 2014 el 10% de los hogares más pobres captaba el 2,1% del ingreso total, mientras que el decil más rico concentraba el 30%”. Tres años más tarde, apuntan los expertos, “el decil más pobre reduce su participación a menos de la mitad captando solo el 0,7% del ingreso total, mientras que el decil más rico duplica su participación al concentrar el 61% del ingreso de todos los hogares”.

La pobreza azota al pueblo venezolano. Foto: AP/Rodrigo Abd

“Los resultados para Venezuela del año 2017, con un Coeficiente Gini de 0,681, nos ubica sin duda alguna como el más desigual de la región, por encima de Haití , en el continente reconocido como uno de los más desiguales del mundo”, sentencian España y Ponce.

Nueve de cada diez familias no cuentan con los ingresos suficientes para comprar alimentos, según la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi) realizada por las universidades Central de Venezuela, Católica Andrés Bello y Simón Bolívar. El análisis determinó que entre 2015 y 2018 pasó de 41% a 51% la cantidad de familias venezolanas hundidas en la pobreza multidimensional, que mide estado de la vivienda, funcionamiento de los servicios básicos y acceso a educación, empleo y protección social. Si solo se valora la variable ingresos, hasta 2017 la pobreza golpeaba a 87% de los hogares venezolanos.

“Venezuela perdió 3,5 años en la esperanza de vida al nacer, algo asociado a las condiciones de desarrollo y bienestar de la población. Solamente los países de la Federación Rusa durante la crisis de disolución de la Unión Soviética o Camboya luego de la guerra tuvieron una situación similar, lo que indica cuan grave es la situación”, expresó la demógrafa Antiza Freitez, coordinadora de la Encovi, en declaraciones reseñadas por la cadena CNN en Español.

La violencia criminal también se ha ensañado contra la población. El Estudio Mundial Sobre el Homicidio divulgado por Naciones Unidas en julio pasado concluyó que Venezuela fue el país de Sudamérica que registró más muertes violentas en 2017, con una tasa de 57 homicidios intencionales por cada 100 mil habitantes. En el caso de Caracas, la tasa remonta a 122 homicidios intencionales por cada 100 mil habitantes. 

¿Fin de ciclo?

Venezuela cierra esta década con dos “presidentes”. Maduro continúa despachando en el palacio de Miraflores, desde donde maneja los hilos del Estado con el respaldo de la Fuerza Armada y una alianza internacional encabezada por Cuba, Rusia, Irán, China y Turquía. 

En la otra esquina se encuentra el jefe del Parlamento opositor, Juan Guaidó, que el 23 de enero se juramentó mandatario encargado de la República y ha contado con el reconocimiento de Estados Unidos, las potencias europeas y la mayoría de los miembros de la OEA, que acusan al líder chavista de haber cometido fraude en las elecciones del 20 de mayo de 2018.

Juan Guaidó, jefe del Parlamento, Presidente interino y (pen)última esperanza

Washington, la Unión Europea y los gobiernos latinoamericanos que conforman el Grupo de Lima han venido aplicando sanciones para tratar de asfixiar al oficialismo, pero hasta la fecha no han tenido éxito. El castigo más duro ha sido impuesto por la Casa Blanca, a través de restricciones a la estatal Petróleos de Venezuela y la congelación de activos de la nación en el exterior, lo que ha llevado a Maduro a denunciar un “bloqueo económico” y culpar al “imperialismo” de todos los males que afligen a los venezolanos.

Ya termina esta década. ¿Con ella hallará fin el conflicto venezolano? “Hay tres caminos abiertos, no uno solo. El camino de la consolidación de la dictadura ejecutiva, el camino de la transición hacia la democracia, y un tercer camino que puede ser de ‘estira y encoge’, es decir, el estancamiento político dentro de la crisis social y económica”, responde el politólogo Salamanca.

Al historiador Pino Iturrieta le cuesta ser optimista. “De una trama homogénea en términos de civilidad se ha pasado a una duplicidad en el manejo de los poderes públicos que no permite vislumbrar una solución inmediata, y que auspicia el crecimiento del despoblamiento generalizado de una sociedad que se ufanaba de su pertenencia al ‘paraíso’ para terminar en el sendero de una dolorosa peregrinación”.

Nota publicada en Yahoo Noticias el 30 de diciembre de 2019

Venezuela, al borde de la confrontación armada

Paredes de la AN machadas de sangre tras el asalto de este 5 de julio

Venezuela se acaba el domingo 30 de julio. Al menos, el país que se conoce en este momento. Gobierno y oposición asumen esa fecha, en la que está previsto se celebren las elecciones de la Asamblea Constituyente, como un punto de inflexión que marcará el destino de la República. Mientras avanza la cuenta regresiva hacia el Día D, la crisis política empeora, las instituciones se desploman y la violencia aumenta imparable.

No se trata de una profecía catastrofista. El presidente Nicolás Maduro activó una Constituyente para reescribir la Carta Magna, “aniquilar” a la disidencia, cerrar el Parlamento de mayoría opositora y remover a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, quien a finales de marzo denunció la “ruptura del orden constitucional” y se deslindó del Ejecutivo. De concretarse este plan, el país será otro muy distinto a partir de agosto.

La oposición ha respondido intensificando la protesta y llamando a la desobediencia civil. En el marco de su estrategia, convocó a un plebiscito para el 16 de julio que pretende frenar la Constituyente, renovar a los jefes de los poderes públicos y sentar las bases de un “Gobierno de Unión Nacional” que desplace al régimen chavista. Si esta iniciativa prospera, en dos semanas Venezuela dará un giro de 180 grados.

Al margen de los cálculos políticos y las expectativas de cambio, un elemento se mantiene inalterable en escena: la violencia. A casi cien días del inicio de las movilizaciones opositoras, ya se han registrado 87 muertes, miles de heridos y centenares de detenidos. Los excesos han saltado de la calle a las instituciones. “Colectivos” oficialistas asaltaron la Asamblea Nacional por segunda vez en menos de nueve meses con explosivos, armas de fuego, tubos y piedras, dejando a cinco diputados heridos. El ataque ocurrió luego de que se llevara a cabo una sesión solemne por los 206 años de la independencia de Venezuela.

Bajo la polvareda que levanta la lucha política, la economía sigue en caída libre. Escasean alimentos y medicinas, y la inflación se devora el poder adquisitivo de los ciudadanos. Maduro aumentó por tercera vez en el año el salario mínimo para ubicarlo en 97,531 bolívares, que apenas equivale a 12 dólares a la tasa de mercado negro. El costo de la canasta básica familiar se calcula en más de 1,4 millones de bolívares (182 dólares).

“Estamos al borde de que esta confrontación llegue a un punto de gravedad más elevado, que avance a todos los espacios y se haga total. Hay señales de una confrontación mayor, una confrontación armada”, advierte el politólogo Luis Salamanca, quien observa el repunte de los “mensajes bélicos y las acciones violentas”.

Maduro no ha dejado lugar a dudas. Durante el Encuentro Nacional de Constituyentes del martes 27 de junio, el mandatario señaló que si la revolución chavista “fuera destruida, nosotros iríamos al combate y lo que no se pudo con los votos, lo haríamos con las armas”. Salamanca apunta que ese discurso confirma que el gobernante “no descarta la violencia para imponer una ‘solución’ al costo de lo que sea”.

El verbo va acompañado de los hechos. El profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV) destaca el desarrollo de una represión “más salvaje”, con bandas paramilitares y funcionarios de los cuerpos de seguridad asesinando a ciudadanos y atacando conjuntos residenciales, hospitales y centros educativos. Las comunidades afectadas están tratando de organizarse para repeler la embestida, “factor que puede ser el desencadenante de un escalamiento del conflicto de manera violenta”, alerta el académico.

Dos países

El Estado venezolano está fracturado. Los dos poderes que emanan de la voluntad popular, Ejecutivo y Legislativo, no se reconocen mutuamente. Hasta el momento, Maduro conserva el control sobre la mayoría de las instituciones, utilizando al Tribunal Supremo de Justicia como un ariete contra la disidencia. Sin embargo, el Parlamento opositor ahora cuenta con el apoyo de la jefa del Ministerio Público, Luisa Ortega Díaz, cuyo distanciamiento resquebrajó el modelo de persecución judicial y el mito de la unidad chavista.

Al evaluar el forcejeo que protagonizan los organismos civiles, Salamanca se pregunta qué pasaría si esa división llega a la Fuerza Armada Nacional (FAN). “La FAN está penetrada por el conflicto de la sociedad. En la actualidad, la FAN juega a favor de uno de los dos bloques, ampliando su rol en la vida política e institucional, pero si se divide esto puede terminar en una guerra fratricida”, expone el investigador de la UCV.

  

El gobernador del estado Miranda y líder opositor, Henrique Capriles Radonski, afirma constantemente que el estamento castrense está “dividido” y que en su seno existe un gran descontento por la crisis y la propuesta de Constituyente. El recién ratificado ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, niega esta versión y proclama su lealtad a Maduro, quien acaba de renovar todo el alto mando militar.

Para los venezolanos, la FAN es una especie de caja negra. Pocos saben qué sienten y hablan en los cuarteles. La agencia Reuters desveló este 6 de julio que al menos 123 oficiales han sido detenidos desde el inicio de las protestas en abril por traición, rebelión, robo y deserción. Igualmente, el inspector de la policía judicial, Oscar Pérez, secuestró un helicóptero oficial el 27 de junio, sobrevoló el centro de Caracas y atacó las sedes del Ministerio de Interior y del Tribunal Supremo de Justicia. En sendos videos publicados en las redes sociales, Pérez llama a la desobediencia civil y tacha de “asesino” al dignatario venezolano.

La oposición demanda públicamente a los militares defender la Carta Magna y desconocer las órdenes ilegales del “dictador” Maduro. Padrino López, al frente de una cúpula uniformada que se declara “chavista”, ha contestado que dentro de la FAN “muchos están buscando unos gorilitas, unos rambitos, pero no los van a conseguir”.

“Con la reorganización del alto mando militar, Maduro colocó a incondicionales para sacar a aquellos que pudieron haber manifestado alguna crítica. Eso resulta una evidente respuesta a quienes solicitan una ‘intervención democrática’ de la FAN”, argumenta el politólogo Carlos Raúl Hernández

Choque final

Para hacer más complejo el panorama, a este pelea entre dos se incorporó un tercer actor: el chavismo disidente, encarnado por la fiscal Ortega Díaz, quien fustiga al Presidente y se erige en defensora del “legado” del difunto comandante Chávez. Aunque coincide en esta coyuntura con la oposición tradicional, la jefa del Ministerio Público parece impulsar un proyecto político distinto desde las filas revolucionarias. Para subsanar esta pérdida, el régimen ha tenido que echar mano de los tribunales militares para encarcelar a sus detractores.

Salamanca considera que Venezuela entró en una fase de “desplome”. “Mientras Maduro y su grupo crean que pueden quedarse con el poder total por las armas, no habrá negociación ni diálogo serio. El chavismo confiscó el derecho al sufragio –eliminando el referendo revocatorio y suspendiendo las elecciones regionales – y apuesta por una vía autocrática”, estima el investigador, tras recalcar que ante la pretensión del gobierno de “imponer por la fuerza una ‘solución’ política, la población muestra signos de rebeldía”.

Siguiendo las directrices del Ejecutivo, el Poder Judicial ya nombró a la futura sucesora de Ortega Díaz. Desde su trinchera, la Asamblea Nacional avanza en el proceso para designar a nuevos magistrados. Al final, Venezuela puede tener dos fiscales, dos tribunales supremos, dos congresos y hasta dos constituciones, con la oposición asumiendo la derogada de 1999 y el oficialismo aplicando la nueva que redacte la Constituyente.

Hernández nota que el país vive “la inminente destrucción de los remanentes de democracia” que aún se mantienen en pie. “La Constituyente es una operación para lograr por el momento un poder total, pero el único enemigo que tiene el gobierno es él mismo, dado que el rechazo de la mayoría a su gestión es cada día mayor. La sociedad está desbordada por las necesidades primarias y Maduro así no tiene gobernabilidad”, concluye el analista. 

Momento en que colectivos chavistas golpean al diputado Armando Armas (VP)

¿Los venezolanos se acostumbraron a vivir mal?

El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) destaca que en los primeros dos meses del año se registraron 1.014 protestas y 64 saqueos en todo el país. La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, informa que su despacho investiga 74 casos de linchamientos que han cobrado la vida de 34 personas entre enero y abril. Y, todavía, hay gente que dice que en Venezuela “no pasa nada”.

“Tenemos un fantasma en la memoria que es el ‘Caracazo’”, comenta la psicólogo clínico Yorelis Acosta, investigadora del Centro de Estudios del Desarrollo (Cendes) de la Universidad Central de Venezuela. Con el nombre de ‘Caracazo’ se conoce a las protestas violentas ocurridas entre febrero y marzo de 1989 contra el Gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez, que dejaron centenares de muertos y desaparecidos.

Desde hace 27 años, el debate público venezolano ha estado marcado por aquellos acontecimientos y muchos esperan el advenimiento de un segundo ‘Caracazo’, más ahora que el país presenta los peores indicadores económicos y sociales de los últimos 50 años, con una tasa de inflación oficial que alcanzó 180,9% en 2015.

Sin embargo, Acosta cree que mientras los expertos discuten sobre la posibilidad de un gran reventón popular, en el terreno ya se suceden diariamente “mini-explosiones” que carecen de articulación pero demuestran la agudización del malestar general ante la crisis.

“Son dos tiempos no comparables, 1989 y 2016. Tenemos un Gobierno que muestra las garras, que reprime, pero pienso que ya estamos viviendo ese estallido. No podemos decir que los venezolanos nos hemos acostumbrado a esta situación”, advierte la académica, que sustenta su afirmación en el aumento de las protestas ciudadanas por la escasez de comida y los cortes eléctricos, entre otros males.

Acosta considera que en la actualidad se desarrolla un “nuevo formato de protestas”, menos multitudinarias, que tratan de evitar la violencia y se concentran en demandas particulares. “El Gobierno nos llevó a preocuparnos por las necesidades más básicas, retrocedimos en materia de civilidad”, subraya.

La irritación popular avanza sin conducción política ni organización. La profesora del Cendes estima que los partidos políticos de la Unidad Democrática deben remozar sus convocatorias para conectar con el sentimiento de las mayorías. “Hay un sufrimiento muy grande, es una tragedia en cámara lenta”, observa.

Paralizados

Para comprender el comportamiento del pueblo venezolano ante la llamada revolución “bolivariana”, el psicólogo Axel Capriles cita, precisamente, al Libertador en Angostura: “Nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo en un mismo ciudadano el poder. El pueblo se acostumbra a obedecerle (…)”.

“Si comparamos los niveles de vida entre la Venezuela de 1998 (antes del ascenso del chavismo) y la actual, es evidente que nos hemos adaptado poco a poco a situaciones que eran anteriormente impensables. No creo que nos hayamos resignado, en el sentido de que la mayor parte de la población repudia la situación actual y espera que el Gobierno y el país cambien, pero hemos sido, sin duda, sumamente pasivos”, analiza Capriles.

El autor de La picardía del venezolano o el triunfo de Tío Conejo y Las fantasías de Juan Bimba, aclara que “nuestra condición no difiere de las de otras naciones. Mientras más pobres y míseros son los pueblos, más dependientes son y más se someten al poder”.

Una expresión salta de boca en boca en las conversaciones entre los venezolanos: “¡este país no aguanta más!” ¿Será así? Capriles tiene esta respuesta: “La gente acumula humillaciones y penurias, y la olla de presión, por lo general, no estalla de manera autónoma. Lo que vemos en la historia de las revoluciones y alzamientos contra el poder, es que es preciso que exista un liderazgo político que de ilación política al descontento popular. Se requieren agitadores para movilizar a la gente hacia un objetivo político. Y en eso, el liderazgo de la oposición ha sido tremendamente complaciente, débil”.

El experto opina que la oposición venezolana “ha desaprovechado el altísimo nivel de descontento” que existe, y afirma que “si no hay canalización de la energía colectiva hacia un fin particular, el estallido popular será un acto invertebrado y deshilvanado”.

Bomba de tiempo

“Durante el dominio del comunismo en Europa del Este nadie podía imaginarse, para citar solo dos ejemplos, que gobiernos tan poderosos y represivos como los de Erich Honecker, Alemania Oriental, y el de Nicolae Ceausescu, Rumania, serían derrocados por unos pueblos que durante más de cuarenta años habían sido sometidos por los aparatos de seguridad del Estado policial que esos regímenes dictatoriales habían levantado”, recuerda el sociólogo Trino Márquez.

El doctor en Ciencias Sociales indica que tampoco nadie previó la irrupción del “Caracazo” en 1989. No obstante, insiste, las condiciones y los tiempos son distintos. “Quienes se montaron en la ola de violencia popular desatada en febrero del 89 formaban parte de algunos de los grupos y partidos que hoy se encuentran en el Gobierno. En aquel momento había en los anaqueles muchos productos que podían saquearse (ahora no); y, lo más importante, los dirigentes de la Unidad Democrática rechazan la violencia y propician una salida pacífica, democrática, electoral y constitucional a la crisis. En cambio, quien estimula la violencia por diferentes vías es el Gobierno”.

Márquez concluye que “en las condiciones actuales que vive Venezuela, no puede descartarse que se produzca eventualmente una explosión social de proporciones gigantescas. El pueblo no se ha habituado a vivir en medio de las restricciones impuestas por el régimen. De hecho, todos los días hay mini-estallidos: saqueos, asaltos de camiones cargados de víveres, peleas en las colas, cierre de calles y autopistas, y protestas de distintos tipos. Es imposible prever cuando esos mini-estallidos pueden transformarse en un macro-estallido”.

Texto publicado en Diario Las Américas

¿Cuántos malandros tiene Venezuela?

¿Cuántos “malandros” tiene Venezuela? En realidad, nadie puede contestar con exactitud esta pregunta. No existe una estadística oficial, en el censo ningún compatriota se identificó como tal. Sin embargo, algunas cifras de 2014 podrían servir para acercarse a una respuesta.

En una entrevista publicada el 7 de septiembre de 2014 por el diario El Universal, el ex ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, manifestó: “de cada 100 homicidios que ocurren en Venezuela, 76 son enfrentamientos entre bandas o enfrentamientos entre bandas y cuerpos de seguridad. Esos 76 fallecidos están contemplados en las estadísticas, pero no son directamente asignables a la seguridad, sino que son diferencias entre bandas que han desarrollado una cultura de la violencia y de las armas tal, que la única solución a sus diferencias es matarse unos con otros”. Entonces, según este ex funcionario, 76% de los asesinados en el país son malandros.

A finales de diciembre, el Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV) informó que la República Bolivariana cerraría 2014 con 24.980 homicidios, superando los 24.763 que se habrían registrado en 2013. Si se cruza este número con la tasa ofrecida por Rodríguez Torres, cuál es el resultado: 18.820 malandros fueron eliminados en un año.

El sacerdote Alejandro Moreno analizó las declaraciones de Rodríguez Torres en un artículo que firmó en el diario El Nacional el 30 de septiembre bajo el título “Las cifras del ministro”. Luego de cuestionar el criterio expresado por el antiguo titular de Relaciones Interiores, Moreno puso la lupa sobre este punto: de acuerdo con el mayor general, ese 76% cae por “enfrentamientos entre bandas o enfrentamientos entre bandas y cuerpos de seguridad”. Quiere decir, que los malandros pueden ser liquidados por otros de sus colegas o por policías.

“Algunos son muertos en enfrentamientos con la policía (Dios nos libre de considerar asesinos a los policías), de modo que los asesinos vivos serán quizás un poco menos; aunque pueden también ser un poco más pues no está dicho que a cada asesinado le corresponda un solo asesino, sobre todo si se trata de ‘bandas’ como dice el ministro”, resaltó el director del Centro de Investigaciones Populares.

Basándose en la apreciación de Rodríguez Torres, el padre salesiano “enreda” más este ejercicio al advertir: “Si nos contentamos con calcular los asesinos muertos durante los últimos 10 años, para atenernos al tiempo del que la gran mayoría de los venezolanos pueden tener vivos recuerdos, la cifra rondaría los 120.949, simplemente sacando el 76% de los homicidios acaecidos durante esta década. Pero eso supone por lo menos otros 120.949 asesinos vivos. ¡Y la mayoría sueltos!”.

En auge

La última memoria y cuenta presentada por el Ministerio para el Servicio Penitenciario en 2014 aportó guarismos a considerar. De acuerdo con este documento oficial, el país contaba con 53.917 privados de libertad, que se repartían en tres categorías: 37.372 procesados, 16.093 penados y 452 en “resguardo policial”.

Por su parte, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), en su balance del primer semestre de 2014, reseñó que para ese momento la población reclusa alcanzaba la cantidad de 55.007, dividiéndose entre 51.747 hombres y 3.260 mujeres. El OVP reseñó la fuga de 88 detenidos y la muerte de otros 150 desde enero hasta junio del año pasado, al tiempo que –citando al Ministerio Público- precisó que durante ese periodo 13.765 ciudadanos se hallaban en retenes policiales.

En su condición de integrante de la Comisión de Seguridad de la Mesa de la Unidad Democrática, el abogado y criminólogo Fermín Mármol García coordinó un estudio acerca del número de bandas y de delincuentes que azotan a la nación.

“El estudio es empírico, no científico, pero no por ello sin fundamento. El mismo se sustenta en un trabajo estadístico y actuarial sobre la base de la tasa de impunidad que se desprende anualmente de la memoria y cuenta del Ministerio Público, y el trabajo de investigación criminal ejecutado por el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC)”, explica Mármol García. Asimismo, comenta que, adicionalmente, desarrollaron un “estudio sociológico y criminológico atendiendo al mapa del delito nacional sobre crímenes violentos que operan bajo el esquema primitivo de la territorialidad”.

La pesquisa en cuestión arrojó como resultado dos cifras aterradoras. La primera, en Venezuela “un mínimo” de 70 mil personas se dedican al delito. “Esto es muy alto, tomando en cuenta que la población reclusa ronda las 50 mil personas”, alerta el experto. Y la segunda, la mayoría de esas 70 mil personas se agrupan en unas 18 mil bandas criminales.

De esas 18 mil bandas criminales, acota Mármol García, unas 12 mil perpetran “delitos violentos” como secuestros, extorsiones, robos agravados (asaltos-atracos) y homicidios, entre otros; mientras que el resto ejecuta “delitos de astucia” como corrupción en sus distintas modalidades, hurtos, estafas, apropiaciones indebidas y fraudes. El profesor universitario apunta que “el estudio deja por fuera el delito de ocasión o de oportunidad, propiciado por la falta de castigo, educación y el debido ejemplo que golpea a la sociedad venezolana”.

Mármol García expone la extensa lista de crímenes que han aparecido en estos 15 años de revolución chavista. “Colectivos armados y violentos, seudosindicatos de la construcción armados, sicariato, la ‘cultura’ carcelaria permeando en la sociedad (en algunos urbanismo de la Misión Vivienda), la ‘república de los pranes’, desmembramientos, bandas criminales con fusiles y granadas, megabandas criminales con más de 100 integrantes, asesinatos de policías, ataques a sedes y patrullas policiales, y asalto a parques de armas policiales y militares”, enumera.

Entonces, ¿cuántos malandros tiene Venezuela? Quizás, vistos estos números y proyecciones, la respuesta más adecuada sea: Muchos.

(Texto publicado por el autor en El Estímulo)

Venezuela, el país más inseguro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas

¿Propondrá dividir al mundo en “cuadrantes” de seguridad? ¿Planteará aplicar un “patrullaje inteligente” en las zonas de conflicto alrededor del planeta? A falta de mayores precisiones, el presidente Nicolás Maduro adelantó que la República Bolivariana utilizará su espacio en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para “buscar grandes cambios a favor de la humanidad”.

Aunque el Gobierno calificó como “histórico” el ingreso del país a este órgano principal de la ONU, se trata de la quinta ocasión en que Venezuela ocupa una silla como miembro no permanente de esta instancia, que tiene como principal objetivo “mantener la paz y seguridad internacionales”.

El Consejo de Seguridad está compuesto por cinco miembros permanentes con derecho a veto (China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos) y otros diez no permanentes. En la actualidad, esa decena de escaños es ocupada por Argentina, Australia, Chad, Chile, Jordania, Lituania, Luxemburgo, Nigeria, República de Corea (Corea del Sur) y Rwanda. A partir del 1 de enero de 2015, Venezuela, España, Angola, Nueva Zelanda y Malasia sustituirán en este foro a Argentina, Australia, Luxemburgo, República de Corea y Rwanda.

Ahora, ¿qué tan violentos o inseguros son los países que se encargarán de preservar la paz del orbe? La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) incluye en su estudio mundial sobre el homicidio 2013 el registro de la tasa de homicidios y el número de delitos de este tipo que se han cometido en todos los países hasta 2012.

“El homicidio constituye uno de los indicadores más completos, comparables y precisos para medir la violencia”, señala la UNODC en su informe, donde subraya que “el homicidio doloso (junto con otros delitos violentos) es una amenaza para la población en cuanto a que su impacto va más allá de la pérdida de vidas humanas y puede generar un entorno de miedo e incertidumbre”.

Al contrastar las estadísticas de los 15 países que integran actualmente el Consejo de Seguridad y los cinco que están por incorporarse el próximo año, se observa que Venezuela es el que presenta la mayor tasa de homicidios.

El estudio de la UNODC no registra las cifras de 2012 de cinco de las 20 naciones revisadas: China (2010), Reino Unido (2011), Argentina (2010), Jordania (2011) y Luxemburgo (2011). En esos casos, se tomó como referencia el dato más reciente publicado por este organismo. A continuación, los gráficos que ilustran tasas y números de homicidios que se han reportado en estos países, según Naciones Unidas.

Learn About Tableau

Learn About Tableau

Learn About Tableau