Diosdado Cabello apuntó, pero no disparó. "Yo no tengo complejos. Vamos al TSJ, que si puede lo más, puede lo menos. Reconocemos que no tenemos las dos terceras partes, pero no hay ningún acuerdo con la derecha venezolana; esa no existe", exclamó el presidente de la Asamblea Nacional el pasado 30 de septiembre.
Sin embargo, hubo acuerdo. El 21 de octubre, los bandos enfrentados se entendieron en la AN, designaron al Comité de Postulaciones Electorales (CPE) y mantuvieron dentro de la Cámara el proceso de renovación parcial del Consejo Nacional Electoral.
Para evitar que la pelota cayera en manos del Tribunal Supremo de Justicia, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) tuvo que ceder. La oposición exigía un reparto paritario de los diez representantes de la sociedad civil que integrarían el CPE, pero al final aceptó que el chavismo se llevara seis.
¿Por qué la MUD permitió que el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) se saliera con la suya? La respuesta es sencilla: La Unidad no quiere que los rojos declaren la "omisión legislativa", figura que dejaría bajo el control del TSJ la selección de los sustitutos de los rectores Tibisay Lucena, Sandra Oblitas y Vicente Díaz.
Si los magistrados entraban en acción cuando apenas se estaba discutiendo la composición del CPE, quedaba servida la escena para aplicar la vía rápida: en cuestión de días y sin necesidad de debate público, el PSUV y sus togados habrían "resuelto" este asunto, facilitando el plan de adelantar las elecciones parlamentarias de 2015.
La oposición aspiraba a intervenir en el debate, razón por cual "retrocedió" con la finalidad de avanzar hacia la pelea en la Cámara por los tres nuevos miembros de la directiva del ente comicial.
El chavismo tiene la mayoría del CPE, con 12 (6 diputados y 6 ciudadanos) de sus 21 miembros. No obstante, los rojos atendieron la petición de la Unidad y entregaron a sus adversarios la vicepresidencia de esa instancia, cargo que ocupa el ex vicerrector académico de la Universidad Central de Venezuela, José María Cadenas.
Ley y credibilidad
La MUD tiene sus motivos para luchar porque la escogencia de los rectores electorales se desarrolle en la AN. Ahora, cabe preguntarse: ¿por qué el chavismo – o Cabello – también prefiere que el Poder Legislativo asuma esta tarea, en lugar de abrirle el camino a los integrantes del TSJ?
El diputado Orlando Zambrano (PSUV-Apure), miembro del CPE, expresa que la fracción del Gobierno se ciñe a lo establecido en la Constitución y la Ley Orgánica de Procesos Electoral para sacar adelante la renovación parcial del CNE.
"Si saltamos el proceso que fija la norma, no estaríamos apegados a la ley y habría comentarios de que el CNE no es un árbitro confiable. Creemos que esto debe hacerse de la manera más transparente", subraya Zambrano.
El legislador reconoce que, hasta el momento, han podido sellar acuerdos con la oposición para mantener vivo el debate en la Asamblea Nacional.
Con respecto a la posibilidad de que logren el pacto final para nombrar a los reemplazantes de Lucena, Oblitas y Díaz, el parlamentatrio rojo es cauto. "Quien dirige a la derecha venezolana no está en el terreno, su dirección estratégica está en el imperio norteamericano. En ese caso, pudiera ser una de sus estrategias torpedear o retrasar el proceso, para decir que las próximas elecciones serían ilegítimas porque los rectores tienen sus periodos vencidos, y así descalificar a la institución. Nosotros, en cambio, insistimos en cumplir el proceso como está establecido en la Constitución", ratificó.
El politólogo Jesús Silva opina que el PSUV está apostando por "la legitimidad constitucional y la credibilidad política" para la designación del árbitro. "Si los rectores son escogidos por vía excepcional, mediante el TSJ, el mecanismo es perfectamente constitucional; pero habrá nacido un CNE con deficiente credibilidad y políticamente no tendrá suficiente prestigio ante la población para conducir exitosamente las parlamentarias y eventos venideros", apostilla Silva, abogado constitucionalista que se identifica como militante de la revolución bolivariana.
Agenda propia
La consultora Carmen Beatriz Fernández advierte que 2015 será "un año sumamente complicado", donde previsiblemente convergirán el aumento de las restricciones económicas y la caída de los precios del petróleo. "Lo único que puede aliviar las tensiones sociales y políticas es que tengas elecciones y que los actores políticos clave acudan a las mismas con unos niveles mínimos de garantía", sostiene Fernández, directora de Datastrategia.
Partiendo de esa premisa, la experta plantea que al Gobierno le conviene escoger a los nuevos rectores respetando las competencias del foro parlamentario. "Sin esa garantía, la situación del país se puede crispar mucho más", alerta.
"A Diosdado no le gusta el diálogo con la oposición, pero le entretiene", apunta un legislador de la Unidad al preguntarle sobre la disposición del chavismo a negociar con sus detractores la composición del CNE. Luego, remata con otro acertijo: “Si tú fueses Diosdado y eres el presidente de la AN y el primer vicepresidente de partido, ¿soltarías esa designación de los rectores?”.
Más allá de "cuidar las formas" frente al país y la comunidad internacional, un veterano dirigente de la Unidad observa que "la renovación de los poderes públicos es una muestra de poder dentro del oficialismo". Desde esta perspectiva, la omisión legislativa dejaría a Cabello al margen de una decisión fundamental y daría el poder a la jefa del Tribunal Supremo de Justicia, Gladys Gutiérrez, "ficha del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores", acota la fuente.
Sobre ese tablero rojo, la MUD moverá sus fichas. Los distintos actores del chavismo saben que los votos opositores son necesarios para ungir a los rectores. Mientras sigue este juego desde el propio terreno, el diputado de la Unidad señala: "Quizás los factores del Gobierno estén obligados esta vez a ser más generosos con nosotros".
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