viernes, 7 de julio de 2017

Venezuela, al borde de la confrontación armada

Paredes de la AN machadas de sangre tras el asalto de este 5 de julio


Venezuela se acaba el domingo 30 de julio. Al menos, el país que se conoce en este momento. Gobierno y oposición asumen esa fecha, en la que está previsto se celebren las elecciones de la Asamblea Constituyente, como un punto de inflexión que marcará el destino de la República. Mientras avanza la cuenta regresiva hacia el Día D, la crisis política empeora, las instituciones se desploman y la violencia aumenta imparable.

No se trata de una profecía catastrofista. El presidente Nicolás Maduro activó una Constituyente para reescribir la Carta Magna, “aniquilar” a la disidencia, cerrar el Parlamento de mayoría opositora y remover a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, quien a finales de marzo denunció la “ruptura del orden constitucional” y se deslindó del Ejecutivo. De concretarse este plan, el país será otro muy distinto a partir de agosto.

La oposición ha respondido intensificando la protesta y llamando a la desobediencia civil. En el marco de su estrategia, convocó a un plebiscito para el 16 de julio que pretende frenar la Constituyente, renovar a los jefes de los poderes públicos y sentar las bases de un “Gobierno de Unión Nacional” que desplace al régimen chavista. Si esta iniciativa prospera, en dos semanas Venezuela dará un giro de 180 grados.

Al margen de los cálculos políticos y las expectativas de cambio, un elemento se mantiene inalterable en escena: la violencia. A casi cien días del inicio de las movilizaciones opositoras, ya se han registrado 87 muertes, miles de heridos y centenares de detenidos. Los excesos han saltado de la calle a las instituciones. “Colectivos” oficialistas asaltaron la Asamblea Nacional por segunda vez en menos de nueve meses con explosivos, armas de fuego, tubos y piedras, dejando a cinco diputados heridos. El ataque ocurrió luego de que se llevara a cabo una sesión solemne por los 206 años de la independencia de Venezuela.

Bajo la polvareda que levanta la lucha política, la economía sigue en caída libre. Escasean alimentos y medicinas, y la inflación se devora el poder adquisitivo de los ciudadanos. Maduro aumentó por tercera vez en el año el salario mínimo para ubicarlo en 97,531 bolívares, que apenas equivale a 12 dólares a la tasa de mercado negro. El costo de la canasta básica familiar se calcula en más de 1,4 millones de bolívares (182 dólares).

“Estamos al borde de que esta confrontación llegue a un punto de gravedad más elevado, que avance a todos los espacios y se haga total. Hay señales de una confrontación mayor, una confrontación armada”, advierte el politólogo Luis Salamanca, quien observa el repunte de los “mensajes bélicos y las acciones violentas”.

Maduro no ha dejado lugar a dudas. Durante el Encuentro Nacional de Constituyentes del martes 27 de junio, el mandatario señaló que si la revolución chavista “fuera destruida, nosotros iríamos al combate y lo que no se pudo con los votos, lo haríamos con las armas”. Salamanca apunta que ese discurso confirma que el gobernante “no descarta la violencia para imponer una ‘solución’ al costo de lo que sea”.

El verbo va acompañado de los hechos. El profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV) destaca el desarrollo de una represión “más salvaje”, con bandas paramilitares y funcionarios de los cuerpos de seguridad asesinando a ciudadanos y atacando conjuntos residenciales, hospitales y centros educativos. Las comunidades afectadas están tratando de organizarse para repeler la embestida, “factor que puede ser el desencadenante de un escalamiento del conflicto de manera violenta”, alerta el académico.

Dos países

El Estado venezolano está fracturado. Los dos poderes que emanan de la voluntad popular, Ejecutivo y Legislativo, no se reconocen mutuamente. Hasta el momento, Maduro conserva el control sobre la mayoría de las instituciones, utilizando al Tribunal Supremo de Justicia como un ariete contra la disidencia. Sin embargo, el Parlamento opositor ahora cuenta con el apoyo de la jefa del Ministerio Público, Luisa Ortega Díaz, cuyo distanciamiento resquebrajó el modelo de persecución judicial y el mito de la unidad chavista.

Al evaluar el forcejeo que protagonizan los organismos civiles, Salamanca se pregunta qué pasaría si esa división llega a la Fuerza Armada Nacional (FAN). “La FAN está penetrada por el conflicto de la sociedad. En la actualidad, la FAN juega a favor de uno de los dos bloques, ampliando su rol en la vida política e institucional, pero si se divide esto puede terminar en una guerra fratricida”, expone el investigador de la UCV.
  
El gobernador del estado Miranda y líder opositor, Henrique Capriles Radonski, afirma constantemente que el estamento castrense está “dividido” y que en su seno existe un gran descontento por la crisis y la propuesta de Constituyente. El recién ratificado ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, niega esta versión y proclama su lealtad a Maduro, quien acaba de renovar todo el alto mando militar.

Para los venezolanos, la FAN es una especie de caja negra. Pocos saben qué sienten y hablan en los cuarteles. La agencia Reuters desveló este 6 de julio que al menos 123 oficiales han sido detenidos desde el inicio de las protestas en abril por traición, rebelión, robo y deserción. Igualmente, el inspector de la policía judicial, Oscar Pérez, secuestró un helicóptero oficial el 27 de junio, sobrevoló el centro de Caracas y atacó las sedes del Ministerio de Interior y del Tribunal Supremo de Justicia. En sendos videos publicados en las redes sociales, Pérez llama a la desobediencia civil y tacha de “asesino” al dignatario venezolano.

La oposición demanda públicamente a los militares defender la Carta Magna y desconocer las órdenes ilegales del “dictador” Maduro. Padrino López, al frente de una cúpula uniformada que se declara “chavista”, ha contestado que dentro de la FAN “muchos están buscando unos gorilitas, unos rambitos, pero no los van a conseguir”.

“Con la reorganización del alto mando militar, Maduro colocó a incondicionales para sacar a aquellos que pudieron haber manifestado alguna crítica. Eso resulta una evidente respuesta a quienes solicitan una ‘intervención democrática’ de la FAN”, argumenta el politólogo Carlos Raúl Hernández

Choque final

Para hacer más complejo el panorama, a este pelea entre dos se incorporó un tercer actor: el chavismo disidente, encarnado por la fiscal Ortega Díaz, quien fustiga al Presidente y se erige en defensora del “legado” del difunto comandante Chávez. Aunque coincide en esta coyuntura con la oposición tradicional, la jefa del Ministerio Público parece impulsar un proyecto político distinto desde las filas revolucionarias. Para subsanar esta pérdida, el régimen ha tenido que echar mano de los tribunales militares para encarcelar a sus detractores.

Salamanca considera que Venezuela entró en una fase de “desplome”. “Mientras Maduro y su grupo crean que pueden quedarse con el poder total por las armas, no habrá negociación ni diálogo serio. El chavismo confiscó el derecho al sufragio –eliminando el referendo revocatorio y suspendiendo las elecciones regionales – y apuesta por una vía autocrática”, estima el investigador, tras recalcar que ante la pretensión del gobierno de “imponer por la fuerza una ‘solución’ política, la población muestra signos de rebeldía”.

Siguiendo las directrices del Ejecutivo, el Poder Judicial ya nombró a la futura sucesora de Ortega Díaz. Desde su trinchera, la Asamblea Nacional avanza en el proceso para designar a nuevos magistrados. Al final, Venezuela puede tener dos fiscales, dos tribunales supremos, dos congresos y hasta dos constituciones, con la oposición asumiendo la derogada de 1999 y el oficialismo aplicando la nueva que redacte la Constituyente.

Hernández nota que el país vive “la inminente destrucción de los remanentes de democracia” que aún se mantienen en pie. “La Constituyente es una operación para lograr por el momento un poder total, pero el único enemigo que tiene el gobierno es él mismo, dado que el rechazo de la mayoría a su gestión es cada día mayor. La sociedad está desbordada por las necesidades primarias y Maduro así no tiene gobernabilidad”, concluye el analista. 

Momento en que colectivos chavistas golpean al diputado Armando Armas (VP)